Los hábitos de consumo y las prioridades económicas de las personas adultas mayores en Costa Rica evidencian una alta capacidad para la administración del dinero, contrario a lo que afirman grupos de interés que se oponen a la entrega de los recursos acumulados en el Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP).
Desde hace varios años en el país se viene discutiendo si los dineros que están acumulados en las arcas de las operadoras que administran el ROP deben ser devueltos de forma acelerada a sus propietarios (las personas pensionadas que cotizaron durante décadas al régimen) o si se deben continuar entregando en pequeños montos mensuales, como se ha hecho hasta ahora.
Desde que se creó el Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria en el año 2000, se han suscrito al sistema más de 3 millones de personas aunque en la actualidad la cantidad de aportantes activos rondan el 1,250,000. Las cotizaciones mensuales de todas estas personas y sus patronos han resultado en la acumulación de más de ₡14 billones.
Un grupo de manifestantes pensionados aprovecharon que este martes 17 de marzo Laura Fernández recibía las credenciales como presidenta electa en el Tribunal Supremo de Elecciones y se fueron a pedir la aprobación de los proyectos que les garantizarían el retiro total del ROP. (Foto: Fabián Hernández)
Paralelamente, la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19, la rampante desigualdad y la crisis del sistema de salud pública que enfrenta Costa Rica, han complicado la vida de miles de personas adultas mayores, cuyos gastos cada mes superan los ingresos provenientes de la pensión y la pequeña renta que brinda el ROP.
Por todo lo anterior, se han comenzado a discutir en el país distintas posibilidades para acelerar el acceso a esos recursos por parte de personas que necesitan el dinero para salir de deudas, atender situaciones de salud o sufragar otros gastos relacionados con la calidad de vida (como reparaciones en el hogar).
Durante la actual legislatura se tramitaron seis proyectos de ley sobre este tema, y aún quedan tres en proceso de discusión en el seno de la Asamblea Legislativa.
En semanas recientes la comisión legislativa de Asuntos Sociales constituyó una mesa de trabajo con distintos sectores (incluidas las personas pensionadas, personas expertas, representantes de las operadoras y autoridades en materia de pensiones) para definir una solución a este problema y finalmente, este martes 17 de marzo, aprobó los proyectos presentados por la oficialista Ada Acuña y la frenteamplista Rocío Alfaro, por lo que ahora pasarán a ser debatidos en el Plenario.
En el contexto de esta mesa de trabajo, en audiencias ante otras comisiones y en declaraciones a la opinión pública, tanto las autoridades macroeconómicas del país como los representantes de las operadoras han realizado afirmaciones que apuntan a que si los recursos se entregan de manera acelerada a las personas adultas mayores, estas harán un mal uso de esos dineros y eventualmente deberán acudir al Estado para asistencia económica.
El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke; representantes de la Superintendencia de Pensiones (Supen) y economistas asociados a las operadoras de pensiones, han lanzado alarmas afirmando que si estos dineros se entregan de forma acelerada, los adultos mayores los usarán en bienes de consumo no vinculados con la pensión, poniendo así en riesgo sus ingresos futuros.
No obstante, voces expertas y datos estadísticos evidencian que las personas adultas mayores son el grupo más conservador para gastar su dinero, pues sus prioridades de consumo son mayormente asuntos de salud, vivienda y familia. “Más cuidadosos que el promedio” Leiner Vargas, doctor en Economía, catedrático de la Universidad Nacional, investigador del Centro Internacional en Política Económica (Cinpe) especialista en pensiones, comentó que de acuerdo con investigaciones que él ha realizado sobre el comportamiento de consumo e inversión, los adultos mayores “son los más conservadores”. “Son mucho más cuidadosos que el promedio de la gente porque, entre otras cosas, ya han tenido una experiencia de vida que implica administrar su salario durante décadas”, agregó.
Según Vargas aducir ese argumento para una persona “que ha administrado su salario durante 40 años y ha podido tener un pequeño patrimonio, ya sea en forma individual o administrando los bienes de su familia, no se le puede decir que es una persona inexperta en relación al tema de gestionar sus ingresos y sus gastos”.
Más aún, decir que quienes han sacado adelante familias e impulsado por décadas al desarrollo del país, es una “manifestación antojadiza y falta de todo sentido común”, aseguró.
Para el economista, esta visión que menosprecia las capacidades de las personas adultas mayores, es una postura discriminatoria que pretenden imponer quienes actualmente administran los recursos que por ley le pertenecen a los pensionados y que quieran seguir administrándolos para “lucrar».
El especialista también señaló que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) la estructura de consumo cambia con la edad y las prioridades de las personas adultas mayores son mucho más cuidadosas con el manejo de sus ingresos.
Efectivamente, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) del 2024 del INEC reporta que el 6,5% del gasto de consumo total nacional es en salud pero en el caso de hogares jefeados por una persona adulta mayor, ese porcentaje se dispara porque destinan el 11,3% de su gasto total y este es el tercer gasto más importante, seguido de alimentos y vivienda.
También el proyecto “Costa Rica: estudio de longevidad y envejecimiento saludable (Creles) del Centro Centroamericano de Población, determinó que las prioridades de gasto e inversión de los hogares donde hay personas adultas mayores cambian y se orientan más a asuntos relacionados con la salud (citas en medicina privada, procedimientos médicos o medicamentos a los que no tienen acceso por medio del sistema de salud pública.
El subsecretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Walter Quesada, quien además es pensionado y ha encabezado la lucha por la entrega del ROP; dijo a UNIVERSIDAD qué es necesario recordar que por muchos años Costa Rica se ubicó dentro de los países más igualitarios del mundo y que eso es producto del esfuerzo y el trabajo de todas las personas que ahora están solicitando que les devuelvan el dinero que les pertenece.
Quesada asegura que independientemente del nivel de escolaridad o formación de las personas pensionadas, la mayoría de quienes han llegado a esa etapa de la vida han sacado a una familia adelante, se han labrado pequeños patrimonios y hasta han logrado que sus hijos estudien y hoy sean profesionales, por lo que plantear que no tienen capacidad de administrar sus propios recursos no tiene asidero.
De hecho, Quesada recordó que en ocasiones anteriores se han autorizado entregas aceleradas de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones a las personas y que no existe estudio alguno que revele que cuando eso ha sucedido, ha resultado en que las personas pensionadas caigan en la pobreza o generen mayor dependencia de la asistencia estatal. La entrada Adultos mayores son conservadores en el uso de su dinero, contrario a lo que dicen quienes se oponen a la entrega del ROP aparece primero en Semanario Universidad.
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