La contralora general de la República, Marta Acosta, señaló la existencia de una falta de equidad territorial por parte de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), en la distribución de recursos para el desarrollo regional contemplados dentro del contrato de concesión con la empresa APM Terminals en la administración de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
Este martes, y en audiencia ante la Comisión de la Provincia de Limón, encargada de estudiar el expediente 24.548 sobre el cumplimiento del mencionado contrato de concesión, Acosta explicó que entre los principales retos que se han enfrentado está la gestión de los cánones de este.
Conforme a la ley de concesiones y el contrato con la TCM, existen dos cánones que APM Terminals debe concesionar a Japdeva y al Consejo Nacional de Concesiones (CNC): una por la supervisión y fiscalización de la concesión, y otra por el desarrollo de la vertiente del Atlántico durante la fase de explotación. Estas tasas se calculan en función de los ingresos brutos mensuales de la concesión.
El primer canon se fija en el 1%, con unos ingresos estimados de 131 millones de dólares (la mitad para CNC y la otra mitad para Japdeva). El segundo, correspondiente a la explotación, se fija en el 5% y se destina íntegramente al desarrollo regional gestionado por Japdeva. Además, se consiguió una contribución adicional del 2,5%, también para este, lo que eleva los ingresos totales proyectados a más de 982 millones de dólares.
En cuanto al segundo rubro, Acosta presentó ante los congresistas las conclusiones alcanzadas a través de la auditoría realizada en 2025, cuyo objetivo era influir en la capacidad de Japdeva para identificar y seleccionar proyectos de alto impacto en la región.
Esta auditoría determinó que Japdeva carece de una visión estratégica, integrada y de planificación a largo plazo adecuada para definir proyectos con un impacto significativo en la costa atlántica. Asimismo, constató la necesidad de desarrollar ajustes metodológicos para la selección de iniciativas, dado que ninguna de las aprobadas por Japdeva durante el período 2022-2024 cumplió con los criterios de «alto impacto» definidos por la misma junta.
Asimismo, la contralora reveló que Japdeva ha actuado basándose en iniciativas propuestas por terceros, que no se han aplicado criterios de equidad territorial en la distribución de recursos por cantón, y que “de los 101,9 millones de dólares transferidos por el concesionario a Japdeva solo se había ejecutado el 2,67%, un monto cercano a los 1.400 millones de colones, al 2024”.
En cuanto a la distribución de la asignación del canon por cantón, aquellos con los índices de desarrollo social más bajos han recibido los porcentajes más pequeños. Por ejemplo, Matina ha recibido solo el 5,52%, mientras que Pococí ha recibido el 27,7% de las asignaciones. Esto ha dejado a distritos vulnerables, como muchos en Talamanca, sin ninguna promoción de proyectos de desarrollo.
Acosta recalcó que, según el contrato de concesión, “cuando proceda, lo que no se ejecute, se le devuelve al concesionario”. Ahí radica, de acuerdo con su exposición, la importancia del uso eficaz de los recursos para una supervisión rigurosa de las obligaciones contractuales y el cumplimiento de los objetivos.
Es importante recordar que el proyecto de la administración de la TCM tiene como objetivo otorgar una concesión de obra pública, con servicio público, para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la terminal por un período de 33 años, que finaliza en 2048, con una inversión total de aproximadamente 1.000 millones de dólares que se planea desarrollar en tres fases de construcción.
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