La Defensoría de los Habitantes advirtió que el Estado costarricense debe demostrar con medidas concretas que está preparado para recibir a nuevas personas migrantes deportadas desde Estados Unidos, y evitar que se repitan los problemas registrados en 2025, cuando la atención se caracterizó por procedimientos improvisados y violatorios de derechos humanos.
La preocupación surge tras el anuncio del nuevo acuerdo migratorio con Estados Unidos divulgado por el Gobierno. Dicho acuerdo permitiría que el país acepte hasta 25 deportados por semana, y que se enmarca en una acometida desde la administración Trump por “controlar el hemisferio”. Pretensión que se materializó con la adición de Costa Rica al “Escudo de las Américas”, una coalición militar contra el narcotráfico y decisiones diplomáticas como el rompimiento de relaciones con Cuba por parte de Costa Rica y previamente por Ecuador cuyo gobierno también es cercano a la administración republicana.
La Defensoría solicitó información al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de Gobernación y Policía y a la Dirección General de Migración y Extranjería sobre el modelo de atención que se aplicará. El ente contralor pidió detallar medidas de asistencia humanitaria, condiciones de permanencia, eventuales traslados al CATEM-Sur y protocolos de coordinación interinstitucional para atender a poblaciones vulnerables.
El defensor adjunto Juan Carlos Pereira afirmó que estas deportaciones constituyen “un drama humano” y subrayó que el Estado debe garantizar información clara sobre la condición migratoria, protección internacional y acceso a servicios básicos. “No queremos más sorpresas de recibir personas deportadas sin estar preparados… no hay espacio para la improvisación. Son personas, no mercancías de intercambio”, sentenció.
La Defensoría recordó que dio seguimiento a la llegada de 200 personas deportadas en 2025 y que el Estado tardó casi un año en corregir el abordaje de atención. Fue hasta enero de 2026 cuando se emitió una resolución que autorizó la prórroga de permanencia migratoria por razones humanitarias, lo que permitió a estas personas desplazarse en el territorio nacional, realizar actividades remuneradas por cuenta propia y acceder al sistema bancario.
Según un informe policial de febrero de 2026 citado por la Defensoría, de esas 200 personas deportadas, 110 salieron mediante el programa de retorno voluntario asistido, 34 solicitaron refugio tras egresar del CATEM-Sur y 56 realizaron salidas voluntarias del centro. Entre ellas había tanto personas adultas como menores de edad.
El CATEM también se ha visto en polémicas debido a que anteriormente fue una fábrica de la compañía alemana Faber-Castell que criticó su uso para fines de retención de personas migrantes en situación extrajudicial. «Acordamos y estipulamos en el contrato que el edificio debía transformarse en un centro humanitario de refugiados, y bajo ninguna circunstancia se acordó que se usara como prisión», dijeron representantes de la gran filial de Faber-Castell en Brasil en un comunicado enviado al medio inglés The Guardian.
El órgano indicó que repetir las condiciones del año anterior “representaría una extensión del drama humano” y anunció que se mantendrá vigilante del cumplimiento de los derechos humanos y de la implementación del nuevo acuerdo migratorio.
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