Las sospechas sobre anomalías en la multimillonaria compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) con fondos estatales aumentaron este lunes en diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, a donde acudieron a comparecer la exvicepresidenta de la Sociedad Administradora del Fondo de Inversión BCR SAFI, Mahity Flores, y el exgerente Laureano Verzola, quienes señalaron deficiencias en la información que se aportó en 2020 para adquirir la obra a un grupo asociado al exdiputado Humberto Vargas (2014-2018).
En las audiencias en la mañana de este lunes, Flores y Verzola aseguraron que fue en 2021, después del contrato, cuando tuvieron conocimiento de posibles irregularidades que luego se concretaron en un informe de auditoría en 2023, con información sobre aparente corrupción que ahora es objeto de investigación en la Fiscalía General de la República, pues en apariencia los vendedores obtuvieron ganancias de $92 millones al hacer negocio con nueve propiedades.
El PEP, ubicado en Esparza, había sido comprado por el Grupo HVC en un precio de $16 millones y meses después lo vendió al BCR-SAFI en $70 millones, aunque no presentaba las condiciones ventajosas que se suponían justificaban la inversión en ese lugar, sin que hubiera sido debidamente informada la junta directiva del fondo de inversión del BCR, según Flores, quien es actual presidenta de la junta directiva del BCR.
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“Uno de los elementos que señala el informe de auditoría es que las áreas a cargo de hacer este trabajo debieron ser transparentes, avisar y alertar al comité técnico que este parque no estaba concluido, ellos con sus acciones y omisiones incumplieron sus deberes, además asegurar que el parque estaba terminado era falso. Hay una serie de elementos que se señalan como irregularidades aparentes”, dijo la exdirectiva señalando la responsabilidad de funcionarios encargados de la supervisión previa, algunos de los cuales figuran en la lista de 14 imputados en la investigación penal. “Esa información (del informe de auditoría) no fue presentada en el 2020, son imágenes presentadas ante la auditoría del 2023 y a partir de ahí se toman las acciones. No teníamos claridad, esa información precisamente se nos ocultó (…) Esa información es del informe de auditoría. El informe que nos presentaron en la Junta Directiva dice que (el PEP) estaba 100% terminado y eso consta en las actas”, declaró ante cuestionamientos de la legisladora Kathya Cambronero de la comisión.
Flores señaló que el BCR sigue siendo una institución sólida y que ha dado el seguimiento oportuno ante las aparente irregularidades.
A su lado, Verzola aseguró que BCR-SAFI pagó entre $17 millones o $19 millones adicionales por unos predios que, según él, no existían. Incluso fue al terreno personalmente y no los observó, dijo ante los diputados.
Él fue despedido en mayo de 2021 ante denuncias de acoso laboral que, sin embargo, nunca se acreditaron antes ni después de la decisión de Douglas Soto, gerente general del BCR, dijo. En agosto de ese año presentó la denuncia penal como una posible estafa, recordó el compareciente.
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“Eran contratos que sin lugar a dudas tenían tintes de irregularidades”, comentó antes de ir más allá: “había información falsa en los informes” entregados a las autoridades antes de la compra.
Verzola dijo la semana pasada que hubo “comité filtro” que indebidamente se encargaba de elegir los proyectos para invertir dinero de la sociedad, incluido el PEP por el cual se pagó un sobreprecio de $35 millones, según él.
En diciembre la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realizó 16 allanamientos en casas y oficinas para recoger evidencia vinculada al caso BCR-SAFI, incluida la residencia del exdiputado Vargas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
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