La Fiscalía Ambiental investiga al desarrollador de un proyecto inmobiliario en Barrio Escalante que se construiría en los bordes de una sección entubada de la quebrada Los Negritos por el presunto delito de invasión al área de protección de este cauce.
La oficina de prensa del Ministerio Público informó a UNIVERSIDAD que la Fiscalía Adjunta Ambiental tramita una investigación relacionada con el proyecto Escalante Verde, la cual se desarrolla dentro del expediente 25-000021-0611-PE, por el presunto delito de invasión a un área de conservación o protección. En la causa figura como imputado un hombre de apellidos André Sánchez, se indicó.
Philip André Sánchez es el apoderado de la sociedad DI Escalante Verde S.A., e hijo del actual canciller, Arnoldo André Tinoco.
El grupo desarrollador DI Escalante Verde S. A. afirmó en declaraciones enviadas a este medio que el área de protección de la quebrada se encuentra debidamente demarcada y no ha sido alterada y recalcó que el proyecto no ha producido ningún daño ambiental.
A inicios de los años 60, la quebrada Los Negritos fue entubada a partir de la calle 39, en Barrio Dent, y se cree que, debido a la incipiente legislación ambiental, en las décadas de los años 60 y 70 se levantaron construcciones sobre el mismo cauce o sobre el entubamiento y en sus áreas de protección, entre las calles 39 y 35.
El terreno donde se construirá el proyecto inmobiliario Escalante Verde empieza a partir de la calle 35, donde se puede ver una depresión natural y una especie de cañón cubierto de verde pasto y arbustos por donde va el antiguo cauce entubado —de sureste a noroeste— hacia su desfogue en el río Torres.
El 14 de diciembre de 2016, el desarrollador Estudio Presidencial S. A., representado por André Tinoco, empezó a tramitar el proyecto Condominio DI ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), según consta en el expediente. Después de que la Setena otorgó la viabilidad ambiental al proyecto en abril de 2018, André Tinoco traspasó la propiedad a su hijo Philip André Sánchez, según muestran los documentos (Ver línea de tiempo).
Desde el año pasado, la Setena y la Municipalidad de San José están en la mira y enfrentan cuestionamientos por los permisos otorgados a este proyecto.
Recientemente, la Gerencia de Gestión Municipal y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de San José recomendó investigar posibles inconsistencias en el otorgamiento del permiso de construcción.
Fotografías del sitio que muestra la afectación del área de protección de la quebrada Los Negritos, durante inspección del Sinac el 22 de abril de 2025. (Foto: Sinac) Municipalidad investigará permisos de construcción De acuerdo con el expediente de la Setena, el proyecto Condominio Di (Escalante Verde) consiste en la construcción de 3 edificios de 323 apartamentos en 10 niveles y 2 niveles de sótanos. En los sótanos y el nivel principal habría 352 espacios para estacionamientos.
El terreno tiene un área total de 12.282 metros cuadrados (m2) y el área construida cubrirá el 30% del terreno, se indica en el expediente. Dos edificios se construirán en la parte plana al lado norte de la quebrada y uno al sur. Incluirá un área libre de 8.532 m2 de áreas verdes y superficies permeables, plazas abiertas a locales comerciales, áreas comunes y recreativas, áreas de juegos infantiles y terrazas.
El desarrollador empezó el movimiento de tierra entre febrero y abril de 2025. Sin embargo, en marzo de 2025 los síndicos del distrito del Carmen Ignacio Cubero y Natalia Salas denunciaron ante la Municipalidad de San José que el desarrollador estaba invadiendo con maquinaria el área protegida de la quebrada Los Negritos y solicitaron detener las obras.
Se consultó a la Municipalidad de San José, la cual manifestó que el proyecto cuenta con el respectivo retiro del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), institución encargada de los retiros de ríos y fuentes de aguas. “Según lo aprobado en los planos, no se autorizó la construcción en la zona de la quebrada, ni en la zona de retiro del INVU”, señaló.
La Municipalidad también indicó que el terreno está identificado en la zonificación del Reglamento de Desarrollo Urbano de San José como “zona sujeta a estudio”, por lo que la sección de Permisos de Construcción solicitó al desarrollador el respectivo estudio geotécnico y de estabilidad de taludes, “el cual fue aportado y revisado por esa dependencia municipal al momento de otorgar la licencia constructiva”.
Sin embargo, la Municipalidad expuso que “luego de un análisis pormenorizado del expediente”, la Gerencia de Gestión Municipal y Desarrollo Urbano “recomendó la apertura de una investigación para determinar responsabilidades derivadas de posibles inconsistencias en el otorgamiento del permiso de construcción”.
Setena denegó permiso ambiental en el sitio hace 18 años La Ley Forestal (7575) establece que a los ríos o quebradas les corresponde un área de protección de 15 metros en zona rural, medidos horizontalmente a ambos lados, o 10 metros en zona urbana, si el terreno es plano. Si el terreno es quebrado, el área de protección debe ser de 50 metros de cada lado.
En el caso de Escalante Verde, la Sala Constitucional tramita un recurso de amparo interpuesto por el regidor del Frente Amplio Brandon Guadamuz, y los síndicos Ignacio Cubero y Natalia Salas contra la Setena y la Municipalidad de San José. El recurso recibió la coadyuvancia de 101 vecinos.
Ese recurso de amparo argumenta, entre varias cosas, que en el año 2008 la Setena estudió un proyecto de desarrollo vertical sobre estas dos propiedades, concluyendo que ese mismo terreno tiene pendientes mayores al 40%, por lo que se debe respetar la distancia de 50 metros correspondientes al área de protección de la quebrada —y no de 10 metros—. Debido a eso, se le rechazó la viabilidad ambiental a ese proyecto.
En 2008, la empresa desarrolladora CLF-CRC Latinoamérica S.A. tramitó ante la Setena el “Proyecto Inmobiliario Oficentro Escalante”, que consistía en cuatro torres de nueve pisos en ese mismo terreno, que entonces se describe como cubierto con pasto y árboles aislados de poró y casuarina.
Sin embargo, el 27 de agosto de 2009, la Setena argumentó que el oficio SRC-OSJ-037 emitido por el jefe del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central del Sinac, José Ocampo Sanders, concluyó que la quebrada Los Negritos “cuenta con pendientes mayores al 40%, por lo que la oficina determina que se debe respetar la distancia de 50 metros correspondientes al área de protección de dicha quebrada, como lo establece la Ley Forestal 7575 en su artículo 33”. Agregó que se estaría violando el artículo 58 de la misma ley, el cual establece la penalización por invasión a las áreas de protección.
Por ese motivo, la Setena decidió no aprobar la evaluación de impacto ambiental y afirmó: “lo procedente es no continuar con el proceso de evaluación ambiental y denegar la viabilidad ambiental procediendo al archivo del expediente administrativo”, indicó el documento.
El terreno donde se construirá el proyecto inmobiliario Escalante Verde empieza a partir de la calle 35, en Barrio Escalante. (Foto: Fabiola Pomareda) Sinac afirma que hubo daño ambiental El 10 de junio del año pasado, el despacho del diputado Ariel Robles del Frente Amplio interpuso una denuncia ante la Fiscalía Agrario Ambiental contra Philip André —hijo del canciller— por supuesta usurpación de bienes de dominio público.
La denuncia plantea que se ha dado una apropiación de un bien demanial, en este caso del cauce original de la quebrada. Alega que la quebrada Los Negritos atraviesa la zona donde se desarrollará el proyecto, que un cauce de dominio público “no desaparece por haberse alcantarillado o entubado”, y que el proyecto inmobiliario podría estar siendo construido en parte sobre el cauce de dicha quebrada.
Como parte de la investigación que sigue la Fiscalía Ambiental, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) estimar el supuesto daño ambiental causado en la zona.
El Sinac emitió un informe técnico que señala que los movimientos de tierra realizados “afectaron el área de protección de la quebrada Los Negritos”, según consta en el documento SINAC-ACC-OSJ-inf-0074-2026, del 21 de enero pasado.
El Sinac expuso que el área afectada —de 3.748,08 m2— es un ecosistema frágil y que la ausencia de la cobertura vegetal natural arbórea provoca un impacto negativo a la biodiversidad, afectando su estabilidad. También apuntó a una posible afectación a la flora y la fauna habitual del lugar, que ocupaba el sitio para sus ciclos reproductivos (anidación, reproducción y refugio).
Asimismo, refiere una afectación al recurso hídrico: “En este caso en particular la pérdida y la ausencia de vegetación arbórea o cobertura vegetal del área de protección del río puede provocar la inestabilidad del recurso hídrico (lavado del terreno, deslizamientos, cambio del cauce entre otros)”.
El Sinac estimó el daño ambiental causado en ₡3.483.000, calculando el valor de sembrar 387 árboles de especies autóctonas en el área afectada —con un costo por árbol de ₡9.000—.
Además, el Sinac estimó el costo social en ₡1.044.900, entendido como los beneficios que dejó de percibir la sociedad por la afectación o ausencia de la cobertura vegetal y boscosa de las áreas de protección de La quebrada (no captación de dióxido de carbono, ausencia de belleza escénica, inestabilidad del sitio, la no regulación del microclima). El daño ambiental total se estimó en ₡4.527.900.
Ya en abril de 2025 el Sinac había inspeccionado el sitio y había señalado que se observa “un terreno ampliamente mecanizado para la construcción de infraestructuras”. Las fotos de este informe muestran la corta de vegetación incluso dentro del cauce. En ese momento el Sinac recomendó “que el desarrollador del proyecto delimite el área de protección de la quebrada Los Negritos en este sector y que esta sea marcada en campo de manera visible, antes que se inicien cualquier tipo de obra, ya sea constructiva o de movimiento de tierra”.
Respuesta del desarrollador La empresa desarrolladora DI Escalante Verde S. A. sostuvo que “se puede construir en un terreno por donde pasa una quebrada, mientras se respeten los márgenes del área de protección”.
En esta línea, explicó que para el desarrollo de este proyecto se realizaron múltiples mediciones de los retiros de ley, tanto por el desarrollador como por las instituciones públicas correspondientes y que la zona del cauce de la quebrada “se encuentra debidamente demarcada y no ha sido alterada”.
Añadió que el proyecto contempla la realización de obras de reforestación, utilizando especies autóctonas en las áreas aledañas a la zona protegida.
Con respecto al informe del Sinac que determinó daño ambiental, el grupo desarrollador señaló que a la fecha no ha sido informado por medios oficiales; pero que proactivamente realizan las gestiones necesarias para conocer y atender dicho informe.
Agregó que el año pasado el Sinac y la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) realizaron una visita conjunta al terreno con el fin de identificar y demarcar las áreas de protección correspondientes a la ramificación de la quebrada, “las cuales se mantienen sin alteración”.
Y en cuanto a la investigación que sigue la Fiscalía Ambiental, la empresa dijo desconocer al respecto. “A este momento la Fiscalía no ha indagado a ninguna persona. El desarrollo no ha realizado ninguna usurpación a bienes de dominio público”, aseveró. “Debemos ser enfáticos de que el proyecto no ha producido ningún daño ambiental”, declaró la empresa. “Mirar hacia otro lado” Por otra parte, al ser consultada por este medio, la Setena alegó que “el desarrollador debe cumplir con la legislación ambiental establecida, respetando las áreas de protección”. “No puede prever esta Secretaría que los desarrolladores van a realizar un daño ambiental, previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental. Durante el proceso de evaluación, se determinan de manera previa los posibles impactos ambientales y se definen las medidas de mitigación que correspondan. Si durante la etapa de seguimiento, se identifica que estas medidas no son suficientes, las medidas pueden ser reevaluadas y se debe actualizar los indicadores ambientales, en coordinación con el regente ambiental y el Departamento de Seguimiento Ambiental”, resaltó la Secretaría.
Sin embargo, para Ignacio Cubero, síndico del distrito del Carmen, lo más grave “es como las distintas autoridades que rigen toda la materia de este desarrollo han decidido mirar hacia el otro lado e ignorar toda esta información que se les ha puesto sobre la mesa”. “Han ignorado antecedentes históricos, no solo de ese mismo predio, de esa misma finca donde ya antes autoridades ambientales habían echado marcha atrás un desarrollo, sino en general al historial de inundaciones que tiene esta quebrada”, apuntó Cubero. “Lo más grave es que no toman una acción contundente para revisar los permisos otorgados”, añadió.
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