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El Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE, aprobado en 2024 y con una implementación escalonada hasta 2028, establece un marco común para garantizar que la IA se utilice de manera segura, transparente y respetuosa con los derechos fundamentales en la Unión Europea. Además, exige un control técnico y ético de todas estas herramientas para mitigar los riesgos.
En cuanto al régimen sancionador, se contemplan multas millonarias, que van desde los 35 millones de euros en casos muy graves, como el uso de sistemas de IA prohibidos, hasta los 15 millones de euros en casos graves, relacionados con sistemas catalogados como "de alto riesgo".
Dentro de la UE ya están prohibidos los sistemas que conllevan riesgos inaceptables, como aquellos que utilizan técnicas subliminales, manipuladoras o engañosas, explotan la vulnerabilidad de las personas, deducen información sensible a partir de la clasificación biométrica o utilizan la 'puntuación social' para evaluar conductas.
Además, se han prohibido prácticas como la inferencia de emociones en entornos laborales o educativos, la recolección de imágenes de internet para crear bases de datos faciales y la identificación biométrica en tiempo real en lugares públicos con fines policiales.
Nuevas incorporaciones a los sistemas prohibidos incluyen la creación o manipulación de 'deepfakes sexuales' y cualquier sistema capaz de generar pornografía infantil.
El Reglamento entrará en vigor entre el 2 de agosto de 2026 y agosto de 2028, marcando un punto de inflexión. Se espera que todas las obligaciones de transparencia y regulación de los sistemas de IA entren en vigor el 2 de agosto, aunque el etiquetado obligatorio de contenidos generados con herramientas de IA se pospondrá hasta el 2 de diciembre.
Además, se han establecido plazos diferidos para ciertas obligaciones más trascendentales de la ley, como las relacionadas con los sistemas de IA de 'alto riesgo' utilizados en la evaluación de estudiantes, filtrado de currículos, evaluación económica y fijación de precios de seguros.
Finalmente, se espera que en agosto de 2028 entren en vigor las obligaciones referidas a los sistemas de IA 'de alto riesgo' integrados en productos o servicios regulados, como dispositivos médicos, asistentes de conducción, juguetes y asistentes de navegación aérea.
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