Más de 38.000 hogares enfrentan cobros desproporcionados en sus recibos de agua emitidos por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), debido a la aplicación de una polémica metodología y un problema no resuelto desde el año pasado, denunció hoy la Defensoría de los Habitantes.
Actualmente existen casos de usuarios a quienes la facturación mensual por el servicio de agua potable pasó de un promedio de ₡24.146 a ₡51.071, aunque han mantenido niveles de consumo similares, afirmó la Defensoría.
La situación se está dando específicamente en propiedades donde el recibo indica la existencia de dos o más unidades habitacionales, pero que tienen un único medidor residencial. Según la Defensoría, el AyA los está clasificando como si fueran condominios, aplicándoles la tarifa correspondiente a grandes consumidores (macromedidor).
Desde mayo del año pasado, cientos de usuarios de AyA han denunciado cobros excesivos en sus recibos de agua, sin que la institución ni la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) resuelvan el problema de forma definitiva.
Tarifa de “grandes consumidores” El 5 de marzo de 2025, la Intendencia de Agua de la Aresep emitió la resolución RE-0008-IA-2025, que modificó la forma de calcular los servicios de agua potable y alcantarillado para todos los operadores a nivel nacional, incluidos el AyA, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. (ESPH) y las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas).
La resolución RE-0008-IA-2025 cambió los bloques de consumo y estableció nuevas tarifas: residencial pobreza básica y pobreza extrema, residencial, comercio y servicios, industrial, grandes consumidores (condominios verticales, horizontales, apartamentos, caseríos de uso habitacional y mixto a los que se les mide el consumo mediante macromedidor), grandes consumidores de bien social (condominios que usan macromedidor y son residenciales de bien social según el Banco Hipotecario de la Vivienda-Banhvi), y preferencial (centros educativos, templos, hogares de protección adultos mayores y niñez, establecimientos para la atención de habitantes de calle, hospitales y clínicas).
Según el AyA, en dicha resolución la Aresep dispuso que el AyA debe cobrar la tarifa de grandes consumidores residenciales a los condominios, apartamentos y caseríos que tienen varias unidades habitacionales y un solo macromedidor.
En un comunicado emitido hoy, el AyA insistió que advirtió oportunamente a la Aresep que esto podría generar impactos no solo en condominios, sino también en caseríos o edificaciones donde varias unidades habitacionales se abastecen mediante un solo medidor. “Cualquier modificación en la metodología de cobro o en la estructura tarifaria debe ser analizada y definida por la Aresep, al tratarse de decisiones regulatorias que posteriormente los operadores, como el AyA, deben implementar”, recalcó el AyA.
Aresep analiza la situación desde junio de 2025 La Defensoría de los Habitantes solicitó a la Aresep que suspenda inmediatamente este instrumento tarifario.
Como reportó UNIVERSIDAD, desde junio del año pasado la Aresep está analizando qué es lo que ha venido ocurriendo con este tema. Posteriormente, la Aresep informó que conformó un grupo de trabajo para analizar el origen de aumentos significativos en las facturas y que éste tenía hasta el 30 de setiembre de 2025 para rendir su informe; sin embargo, eso no ocurrió.
Según indicó hoy la Defensoría, la Intendencia de Agua solicitó nuevos plazos de hasta dos meses para resolver la solicitud de suspensión de la metodología, “argumentando la complejidad técnica y jurídica del caso”. “La Intendencia de Agua remitirá una respuesta integral sobre la ruta y el cronograma de este análisis a más tardar el 26 de marzo de 2026”, comunicó la Defensoría. “¿Ustedes van a creer que un año después la Aresep y el AyA siguen sin resolver?”, exclamó la diputada del Frente Amplio Sofía Guillén el pasado 4 de marzo. “Hacemos un llamado vehemente a ustedes compañeros de la Aresep: Tengan empatía, reaccionen rápido, no podemos seguir esperando año tras año, son miles de costarricenses. Es que es una señora de Puntarenas que me escribió casi llorando, diciendo ‘¿de dónde me voy a sacar la plata?, yo gano menos que un salario mínimo, que me llegue un recibo de agua de ₡60.000 significa que no voy a poder tener agua’. Están restringiendo el derecho humano de acceso al agua”, denunció Guillén.
Este medio volvió a consultar hoy a la Aresep sobre la rendición del informe que analizaría esta situación; pero la consulta aún se encontraba en trámite. La entrada Más de 38.000 usuarios enfrentan cobros desproporcionados en recibos de agua por polémica metodología aparece primero en Semanario Universidad.
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