La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa se abocó este jueves a discutir y votar una importante cantidad de mociones que enfrenta el proyecto de Ley contra la Delincuencia Juvenil Organizada.
Según mencionó Gilberth Jiménez, exliberacionista y ahora independiente quien preside la Comisión, se trata de unas 300 mociones presentadas vía artículo 137 del Reglamento legislativo al expediente 24.006, impulsado por el liberal progresista Gilberto Campos y que anteriormente se denominó “Ley de Crimen Organizado Juvenil”.
La iniciativa en esencia busca que se puedan aplicar medidas ya establecidas para la persecución del crimen organizado a menores de edad.
El trámite de la discusión y votación de mociones se vio alterado por reiterados reclamos que planteó la diputada liberacionista Dinorah Barquero, quien adujo que hasta en tres oportunidades pidió la palabra y Jiménez no se la dio. Ese legislador aseguró que la diputada no alzó la mano para pedir la palabra oportunamente.
Ello no aplacó el enojo de la legisladora, quien denunció una violación a sus derechos como parlamentaria. Reclamó incluso que Jiménez “se hace el que no vuelve a ver”.
Jiménez, Fabricio Alvarado (NR), Horacio Alvarado (PUSC) y la líder chavista Pilar Cisneros en conjunto votaron para rechazar las mociones que defendieron la frenteamplista Priscilla Vindas y las liberacionistas Barquero y Alejandra Larios.
Vindas utilizó todo el tiempo que pudo para citar el criterio que a propósito de este proyecto envió el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Entre otras cosas, mencionó la observación de que si bien el proyecto “se constriñe a la tramitación de causas complejas, establece una pormenoridad de acciones que a la postre implican modificaciones sustanciales al trámite del proceso y las sanciones penales juveniles”.
Entre ellas, el “uso inadecuado del lenguaje en todo el nuevo articulado”, pues se refiere a la condición de personas menores de edad como “imputadas” tal como se hace en el procedimiento que se aplica a personas mayores de edad, “sin diferenciar en razón de la edad ni el marco legal que diferencia la especial posición de esta población en el ordenamiento jurídico”.
Otro aspecto criticado por el PANI es que busca que cualquier causa relacionada con delincuencia organizada sea considerada de tramitación compleja, “dilucidando con ello las verdaderas intenciones del nuevo texto”, leyó Vindas el criterio del PANI. La diputada acotó que “estamos aquí hablando de personas menores de edad, esto es bastante grave”. Añadió que el artículo 49 de la Ley Penal Juvenil establece que cuando varios menores de edad y adultos participen en un mismo delito, las causas se deben separar y los expedientes de los mayores remitirse a la jurisdicción penal de adultos”.
Vindas también leyó objeciones a la propuesta de autorizar “la recolección y almacenamiento de datos genéticos para el fin de investigación criminal”. Dijo que el PANI recordó que según la Convención sobre los Derechos del Niño, “el contacto con el sistema de justicia penal perjudica a los niños al limitar sus posibilidades de convertirse en adultos responsables”.
Cuando finalmente se pudo referir por el fondo del proyecto, la liberacionista Barquero indicó que el proyecto le causa “una profunda preocupación” y referenció esa misma Convención, pues “obliga a los Estados a garantizar que todas las decisiones que involucren a menores de edad prioricen su bienestar integrado”.
Sin embargo, “el expediente 24006 parece apartarse de estos principios”, ya que “uno de los problemas más preocupantes de esta iniciativa es su enfoque predominantemente punitivo, lo cual en el caso de niños, niñas y adolescentes no es precisamente lo más conveniente, precisamente por lo que dije, valga la redundancia, de que va dirigido a una pena, un carácter punitivo, a personas que carecen de su criterio al ser menores de edad”.
Larios por su parte defendió una moción que busca modificar el título del proyecto, para que pase a ser “Ley Especial para el Fortalecimiento de la Justicia Juvenil y la Prevención de la Delincuencia Organizada en Personas Menores de Edad”.
Justificó la idea en que “este debe ser el enfoque: La prevención, para que las personas menores de edad no sean recurso humano para el crimen organizado. Ahí es donde deberíamos estar dirigiendo nuestras energías. Ahí es donde deberíamos estar dirigiendo nuestros esfuerzos”.
Citó de ejemplo un reportaje de UNIVERSIDAD titulada “72% de los estudiantes excluidos en 2025 eran de programas de educación para jóvenes y adultos”, pues, siempre citando esa nota, se trata de “un fallo estructural del sistema. Que representa una gravísima expresión de exclusión y abandono estatal”.
Al final fueron pocas las mociones que se logró votar, pues al dar las 11 a.m. varias de las diputaciones tenían que correr a la sesión de Jefaturas de Fracción.
Comisión de Seguridad dictaminó polémico proyecto de “Ley de Crimen Organizado Juvenil”
72% de los estudiantes excluidos en 2025 eran de programas de educación para jóvenes y adultos
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