“Ahora solo como una vez al día. Es una puñalada por la espalda lo que estamos recibiendo las personas con discapacidad a nivel nacional”, así calificó Oswaldo Urbina los más recientes recortes realizados a esta población por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).
Urbina, de 50 años de edad, es uno de los cientos de personas afectadas por la reducción en los subsidios en áreas como vivienda, horas de asistencia personal y otros, lo cual, —lejos de proteger a esta población— más bien la vulnera e incluso las pone en riesgo.
En el año 2025, este vecino de Heredia, quien tiene secuelas de meningitis en tercer grado y vive solo, recibía mensualmente ₡445.000 para alimentación, artículos de limpieza y personales, recreación, servicios públicos, transporte, vestido y calzado y vivienda; sin embargo, para este año, Conapdis decidió disminuir la cifra total de todos sus subsidios a ₡185.000. En su caso específico, el subsidio para vivienda pasó de ₡250.000 a ₡60.000. “Es una violación a los derechos humanos. Los programas son supuestamente para ayudar a la gente”, agregó Urbina.
La población afectada, así como el Movimiento de Personas con Discapacidad, señalan que estas disminuciones se aplicaron sin estudios adecuados y con base en información que consideran errónea proveniente del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube). “Conapdis empieza a recortar subsidios sin ninguna valoración integral de la realidad económica ni las necesidades de apoyo que tienen las personas en situación de discapacidad. Habían personas que tenían subsidio de ₡200.000 para pago de vivienda y de pronto les dijeron que ₡60.000 sin ningún criterio”, indicó el vocero del Movimiento de Personas con Discapacidad, Carlos Barrantes, quien acotó que el recorte en el subsidio de vivienda entrará a regir a partir del mes de abril. “Le están diciendo a la gente ‘váyanse a vivir a una casa comunitaria para que les alcance los ₡60.000 y entre todos puedan pagar el alquiler’. Eso es una forma de segregación”, agregó.
Barrantes criticó también que la directora de Conapdis, Bilbia González, alegue que “las familias tienen corresponsabilidad” y que tienen que hacerse cargo de las personas con discapacidad, pues en su criterio “las personas adultas tenemos derecho a ser autónomas”. Pretenden ampliar beneficiarios UNIVERSIDAD solicitó una entrevista sobre este tema al Conapdis; no obstante, esta no fue dada. Desde la oficina de prensa del Consejo, por su parte, facilitaron un comunicado de prensa en el que indicaron que lo que busca la institución es “ampliar la cantidad de personas que reciben transferencias monetarias para cubrir gastos derivados de la situación de discapacidad”.
Agregaron que Conapdis beneficia con ese tipo de transferencias a 5.986 personas de todo el país que se encuentran dentro del Programa Pobreza y Discapacidad. Asimismo, mencionaron que es necesario para la institución ajustar este beneficio a algunos usuarios y en ejes específicos, para cumplir con la normativa vigente y las necesidades de cada una de las personas con discapacidad. “Nos hemos dedicado a revisar caso por caso, de las personas beneficiarias, para evitar duplicidad con otras instituciones y, así, destinar esos fondos para beneficiar a más personas en todo el país, priorizando en aquellas que tienen una situación de vulnerabilidad mayor por abandono comprobado y pobreza extrema, así como de zonas menos accesibles”, externó González en el comunicado de prensa.
El Consejo indicó en su comunicación que no es cierto que todas las personas usuarias del Programa Pobreza y Discapacidad, Eje de Protección, hayan tenido reajustes en sus rubros de atención a la baja, y mencionaron que cada caso puede ser revalorado por medio de procesos recursivos.
Sobre estas declaraciones, el vocero del Movimiento de Personas con Discapacidad, Carlos Barrantes, mencionó que se han presentado 173 apelaciones, y que, según Conapdis, todas fueron rechazadas. “¿Cómo le van a quitar el subsidio (horas de asistencia personal) a una persona que es dependiente total de sus padres, y estos son mayores? Hay casos en los que están amarrando a la persona a un sillón porque por la discapacidad cognitiva es agresiva. Estamos poniendo a personas en peligro y estamos recortando empleo de las personas que trabajan como asistentes personales”, mencionó Barrantes. “La persona que está en dirección ejecutiva no tiene empatía, no tiene ninguna visión sobre lo que es discapacidad. Ella es más como auditora. Lo que quiere es que su trabajo se reconozca por el uso de presupuesto y recortes”, añadió.
A inicios del mes de febrero, la presidenta de Conapdis compareció sobre este tema en una audiencia de la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa. Durante el espacio, González indicó que con los nuevos ajustes en los subsidios se podrían atender a 218 personas que se encuentran en lista de espera, y que desde el 2023 se han hecho aumentos de alrededor del 9,44% en el presupuesto institucional para atender los programas sociales.
En esa oportunidad, Nicole Mesén, también vocera del Movimiento, criticó la decisión de la institución, alegando que “es la primera vez que veo que para poder atender el aumento y demanda se recorta a las personas que ya están dentro del programa en lugar de buscar una reforma presupuestaria para poder incorporar a estas personas”.
La Defensoría de los Habitantes ha solicitado información al Conapdis sobre estos recortes. En su criterio, la decisión tomada, estaría colocando a estas personas en una situación de “alta vulnerabilidad”.
Presentan recurso de amparo El pasado 25 de febrero, las diputadas de diferentes bancadas Katherine Moreira, Montserrat Ruiz, Priscilla Vindas, Kattia Cambronero y Luz Mary Alpízar presentaron un recurso de amparo contra el Conapdis y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) debido a las reducciones en los subsidios para la población con discapacidad.
En el recurso que se tramita bajo el expediente 26-0067761-007-CO, se cuestionan las resoluciones administrativas emitidas entre finales de 2025 y enero de 2026, mediante las cuales se redujeron o eliminaron horas de asistencia personal, subsidios de vivienda y otros apoyos esenciales para la vida independiente.
En su criterio, los recortes ejecutados vulneran derechos como la dignidad humana, la integridad personal, la igualdad y no discriminación, la vida independiente y el principio de progresividad en materia de derechos humanos.
El recurso documenta casos en los que personas con discapacidad severa pasaron de contar con más de 100 horas mensuales de asistencia personal a 0 horas, bajo el argumento de “corresponsabilidad familiar”, trasladando de facto la obligación estatal a sus núcleos familiares.
Asimismo, se cuestiona la utilización casi exclusiva del Sinirube como criterio para recalcular beneficios, pese a denuncias de datos desactualizados o erróneos, incluyendo ingresos inexistentes o clasificaciones socioeconómicas modificadas sin valoración técnica presencial.
La acción también señala que el tope impuesto al subsidio de vivienda obliga en la práctica al hacinamiento o a esquemas de cuidado colectivo que contradicen el modelo de vida independiente reconocido por la normativa nacional e internacional.
Las legisladoras solicitaron también a la Sala Constitucional la adopción de medidas cautelares para suspender de inmediato los recortes y mantener los montos y horas de asistencia vigentes durante 2025, mientras se resuelve el fondo del proceso. “En un país como Costa Rica no podemos normalizar retrocesos en derechos humanos, mucho menos cuando afectan a una población que ya enfrenta tantas barreras todos los días. No son de recibo las excusas fiscalistas o bajo la premisa de una supuesta eficiencia, para pasar por encima de la dignidad de las personas con discapacidad y de los tratados internacionales que protegen sus derechos”, externó la legisladora Montserrat Ruiz, al ser consultada sobre este tema.
Javier Pérez, de 27 años de edad, estudia Ingeniería en Desarrollo de Software en Cenfotec. Su madre, Luz Elena, está la mayor parte del tiempo con él. (Foto: Fabián Hernández)
“Ahora solo tenemos cinco horas diarias de asistencia” Javier Pérez Arroyo tiene 27 años y vive en Cartago con su madre. Él sufrió un accidente de ciclismo el 16 de diciembre del 2015, el cual lo dejó con una tetraplejia, no tiene movilidad del cuello para abajo. “Él es 100% dependiente. Todo hay que hacérselo”, relató su madre, Luz Elena Arroyo, quien es su cuidadora.
Desde hace varios años Javier recibe diferentes apoyos del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis); sin embargo, desde febrero anterior, el subsidio para medicamentos pasó de ₡60.000 mensuales a ₡45.000. “Nos dijeron que el presupuesto se había bajado para todos, pero después las autoridades dicen que cada caso se evaluó individualmente. En nuestro caso no hubo ningún cambio en la situación socioeconómica”, afirmó doña Luz Elena.
Javier y su mamá viven en una casa prestada. Él no recibe pensión, y doña Luz no puede trabajar, pues es su cuidadora. En su caso, la mayor parte de los gastos los cubre su hermano mayor, quien no vive con ellos.
Las horas de asistencia personal también se redujeron en el caso de este joven. Por el tipo de discapacidad que tiene, se determinó que requiere de un total de 365 horas mensuales de apoyo; sin embargo, el programa nunca se las ha brindado.
Anteriormente, Javier recibía 192 horas, pero ahora Conapdis redujo la cifra a 168. “Si usted divide 168 horas entre los 30 o 31 días del mes, son apenas cinco horas diarias de asistencia. El resto del tiempo me toca a mí”, explicó la madre.
Además de las reducciones, doña Luz comentó que la información registrada por el Conapdis en el expediente de su hijo no es la correcta, pues los números no corresponden con la realidad. Decía, por ejemplo, que él recibía ₡120.000 para medicamentos y en realidad eran ₡60.000.
Asimismo, también cuestionó la información registrada en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube). Comentó que el sistema cambia la clasificación socioeconómica sin que haya modificaciones reales en la situación familiar. “En un mismo día uno puede pasar de pobreza a no pobreza sin que haya cambiado nada en la casa. Entonces uno vive con el miedo de que en cualquier momento le quiten las ayudas”, afirmó.
Pese a todas las situaciones que enfrenta, Javier se encuentra estudiando Ingeniería en Desarrollo de Software en la Universidad Cenfotec, gracias a una beca. Le falta aproximadamente un año para graduarse. “Él siempre dice que no quiere depender de Conapdis toda la vida. Quiere trabajar y tener sus propios ingresos. Nosotros no escogimos vivir esta situación. Esto no es fácil”, concluyó su madre, quien pide a las autoridades que le ayuden a su hijo a salir adelante.
Luiz Zelaya, de 37 años de edad, tiene discapacidad visual. Él es uno de los afectados por los recortes en los subsidios de horas de asistencia personal y vivienda. (Foto: Fabián Hernández)
Luis Zelaya, sobre reducción en subsidio de vivienda: “Yo no puedo irme a cualquier lugar”
Luis Zelaya Cardoze, de 37 años, es una persona con discapacidad visual. Él es uno de los beneficiarios del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) que ha sido afectado este año por los recortes en los subsidios
En su caso, pese a que tiene años de recibir ayudas para vivienda, transporte y otros gastos básicos, en enero le informaron que el total de sus subsidios pasaría de ₡445.000 a ₡170.000. El subsidio de vivienda, por ejemplo, pasaría de ₡270.000 a ₡60.000 a partir de abril.
Aunque esta fue la primera resolución que recibió, este vecino de Belén comentó también que este martes 10 de marzo le indicaron —vía llamada telefónica— que revisarán la cifra de vivienda y que podría aumentar a ₡200.000. Eso sí, aclaró que todavía no tiene una comunicación formal. “Yo no puedo irme a cualquier lugar. No todas las zonas tienen infraestructura vial adecuada”, indicó Luis, quien vive solo en compañía de sus dos mascotas.
Este no es el único recorte que recibió Luis, pues también se le redujeron las horas de asistencia personal. Desde 2020, él contaba con 192 horas mensuales de apoyo. Sin embargo, en diciembre recibió una resolución que redujo ese tiempo a 112 horas, sin que se realizara previamente una valoración de campo. “Primero, hicieron la resolución, después la visita y luego me negaron la apelación”, explicó.
Anteriormente, una persona asistente llegaba a apoyarlo seis días a la semana, pero, ahora, tras la reducción en las horas, solo va a su casa cuatro días. “A ellos tampoco les resulta rentable venir por tan pocas horas”, dijo.
Luis también cuestionó los criterios utilizados para determinar los nuevos montos. “Dicen que evaluaron cada caso individualmente, pero todos terminamos con el mismo monto para vivienda”, afirmó.
Asimismo, señaló inconsistencias en la información registrada tanto por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) como el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
Para Luis, las decisiones tomadas por las autoridades no consideran la realidad cotidiana de las personas con discapacidad. “Fue una decisión arbitraria. Si hubiera habido responsabilidad, no le habrían dado la espalda a esta población”, finalizó.
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