El Frente Interno de Trabajadores (FIT) del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) cuestionaron fuertemente las actuaciones de esa institución alrededor de dos contrataciones clave para el negocio de telecomunicaciones que han levantado polémica en los últimos meses. “Esta organización levanta la voz ante la nueva evidencia de la incapacidad gerencial y el manoseo político al que la administración superior está sometiendo al ICE”, señaló el FIT, que está conformado por el Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE (Siice) y la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (Asdeice).
En un comunicado donde se critican las adquisiciones de 5G y la red de transporte (ICE-Cisco), la federación sindical expresó que “hechos recientes confirman que las decisiones estratégicas ya no las toman los profesionales del ICE”, sino que “responden a lineamientos externos que comprometen el patrimonio de todos los costarricenses”.
En relación con el caso de la red de transporte, este Semanario dio a conocer que el Ministerio Público abrió dos causas penales en las que “se indagan temas relacionados con la red de transporte del ICE, en contratación con Cisco”, con una lista de 23 personas investigadas, entre ellas, el presidente Rodrigo Chaves, mandos del ICE y ejecutivos de la empresa citada.
Una red de transporte es una compleja infraestructura que distribuye (lleva y trae) información (voz, datos, video, etc.) entre los diferentes usuarios finales, según explicó el ingeniero Teodoro Willink, experto en Telecomunicaciones, en declaraciones previas dadas al Semanario Universidad. En términos simples, es parte del trayecto por donde viajan, por ejemplo, mensajes o llamadas desde un teléfono celular a otro.
La publicación de este medio detalla, entre otros elementos, que la adquisición de esta infraestructura pasó de estar planteada como una compra abierta (con participación de cualquier fabricante) a una “contratación directa por excepción” para la compra de equipos específicamente de marca Cisco.
Además, también se dio a conocer que, en medio del proceso y antes de que se publicara la licitación, funcionarios del ICE tuvieron reuniones “confidenciales” con representantes de Cisco, relacionadas justamente con la red de transporte; y que el tema también estuvo dos veces en Casa Presidencial, donde Chaves y otros personeros se reunieron con representantes de esa empresa.
La contratación, estimada en ₡20.200 millones, está disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), bajo el expediente 2025XE-000703-0000400001. En el concurso solo participó el consorcio Datasys-ITS (proveedor local de Cisco), que, tras varias correcciones y aclaraciones, presentó una propuesta de alrededor de ₡17.591 millones.
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Entre los investigados también figura una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos. Las causas, todavía sin imputados, se siguen por el supuesto delito de influencia contra la hacienda pública.
“De nuevo la administración superior somete al ICE a la vergüenza pública, siendo que se publica que existen abiertas por la fiscalía sendas investigaciones pues, sumisamente, ha permitido la injerencia directa de Casa Presidencial y de actores extranjeros en decisiones técnicas críticas”, anotó el FIT.
En relación con la contratación de 5G, la organización laboral cuestionó el tipo de arquitectura que se estaría adquiriendo, y advirtió sobre una “clara duplicidad de inversiones, con el consecuente incremento de costos y un uso ineficiente de los recursos públicos”.
Además, la federación sindical pidió a la Auditoría Interna “determinar responsabilidades inmediatas por el daño causado al negocio debido a estas improvisaciones y el «manoseo» de los proyectos de 5G y red de transporte”.
Por su parte, la seccional de ANEP en el ICE también se refirió en un comunicado sobre la contratación de la red de transporte y las publicaciones de UNIVERSIDAD alrededor de la situación. “Los hechos divulgados no pueden ser minimizados. Se trata de una investigación por presuntas irregularidades en una contratación estratégica para la infraestructura de telecomunicaciones del país, que compromete recursos públicos de altísimo valor y que, de confirmarse responsabilidades, implicaría un golpe directo a la credibilidad institucional y al patrimonio de todos los costarricenses”, manifestó el sindicato.
La organización señaló que “el ICE no pertenece a una administración de turno ni a un grupo de altos mandos” y exigió que “las autoridades competentes actúen con absoluta transparencia”, además de “que no exista privilegio alguno en el tratamiento administrativo interno mientras la investigación penal avanza”. “La confianza pública se construye con coherencia. No puede haber severidad para unos y complacencia para otros. La defensa del ICE implica garantizar que cada decisión estratégica se adopte con apego estricto a la legalidad, a la técnica y al interés público”, añadió ANEP.
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En la causa también son investigados el presidente Rodrigo Chaves, altos mandos del Gobierno y el ICE, y una funcionaria de la embajada estadounidense.
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